Decreto 825 - Uso Prioritario de Internet (2000).
Esta ley prioriza el acceso y uso de Internet en Venezuela como un recurso esencial para su desarrollo integral. A través del Decreto sobre Internet como prioridad, se reconoce su importancia en la cultura, economía, sociedad y política del país. Se busca no solo ampliar el acceso en áreas clave como ciencia, tecnología, educación y deporte, sino también mejorar la eficiencia administrativa y los servicios públicos, y fomentar la participación ciudadana y la transparencia gubernamental.
Decreto 825 - Uso Prioritario de Internet (2000).
Esta ley prioriza el acceso y uso de Internet en Venezuela como un recurso esencial para su desarrollo integral. A través del Decreto sobre Internet como prioridad, se reconoce su importancia en la cultura, economía, sociedad y política del país. Se busca no solo ampliar el acceso en áreas clave como ciencia, tecnología, educación y deporte, sino también mejorar la eficiencia administrativa y los servicios públicos, y fomentar la participación ciudadana y la transparencia gubernamental.
Ley Especial contra Delitos Informáticos (2001).
La Ley Especial contra Delitos Informáticos se fundamenta en la necesidad de adaptar el marco legal a los avances tecnológicos, protegiendo la integridad de los sistemas de información y la seguridad de los datos en el entorno digital. Su objetivo principal es prevenir y sancionar los delitos informáticos para proteger a individuos y organizaciones de posibles ataques cibernéticos y acciones delictivas relacionadas con el uso indebido de la tecnología. Esta ley busca mantener la confianza y la integridad en el mundo digital al proporcionar un marco legal claro y específico para identificar, perseguir y castigar a los infractores.
Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas (2001).
Esta ley se basa en que Venezuela está inmersa en un acelerado proceso de modernización en tecnologías de la información y las comunicaciones, una transformación que está impactando globalmente diversos sectores. En este contexto, surge la necesidad de regular los intercambios de información electrónica para adaptar el marco legal a estos avances. La ley se fundamenta en la importancia de dotar de validez jurídica a estos intercambios, facilitar su gestión en el ámbito judicial y asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas. Asimismo, busca proporcionar una plataforma sólida para el desarrollo continuo de estas tecnologías en Venezuela, promoviendo así el progreso del país en la era digital.
Decreto 3390 – Uso Prioritario de Software Libre (2004).
Esta ley se basa en el uso del software libre se ha institucionalizado como política gubernamental para abordar las necesidades informáticas del Estado y reducir la brecha tecnológica. Se basa en la premisa de que el software libre permite la redistribución y adaptación de programas sin regalías, brindando acceso al código fuente. Esta política prioriza el uso de estándares abiertos en la Administración Pública, conforme a decretos y leyes que respaldan su empleo.
Resolución 237 mediante la cual se crea el Programa Científico-Tecnológico de Investigación denominado “Academia de Software Libre (ASL)” (2004).
La Resolución 237, emitida en Venezuela en 2004, dio origen al Programa Científico-Tecnológico de Investigación "Academia de Software Libre (ASL)". Este programa tenía como objetivo promover la investigación y desarrollo en el campo del software libre en el país, fomentando el conocimiento y la adopción de tecnologías de código abierto y capacitando a profesionales en este ámbito. La ASL reflejaba el interés del gobierno venezolano en fortalecer la capacidad tecnológica nacional y participar activamente en la comunidad internacional de software libre, como parte de su estrategia de desarrollo tecnológico y soberanía digital. Esta iniciativa buscaba aprovechar los beneficios del software de código abierto, como el acceso abierto, la transparencia y la colaboración, para estimular la innovación y el progreso tecnológico en Venezuela.